La Junta y los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz amplían el asesoramiento jurídico a afectados por la ocupación ilegal

La Junta de Extremadura y los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz han firmado este viernes los convenios de colaboración que permitirán dar continuidad al servicio de orientación y asesoramiento jurídico especializado para personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas en ambas provincias.

Como principal novedad, los nuevos convenios amplían el alcance del servicio para incluir expresamente los supuestos de incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del arrendamiento de viviendas, especialmente los casos de impago de alquileres. De esta forma, el servicio dará respuesta a una demanda creciente detectada por los propios colegios profesionales, que han constatado que buena parte de las consultas recibidas están relacionadas con conflictos entre propietarios e inquilinos.

El servicio se prestará a través de turnos especializados de abogados que ofrecerán atención y orientación profesional a los ciudadanos afectados, contribuyendo a facilitar una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de situaciones.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado la importancia de mantener una herramienta que ofrece información y acompañamiento a los ciudadanos que se encuentran ante este tipo de circunstancias, reforzando la colaboración entre la Administración autonómica y los colegios profesionales.

"La renovación de estos convenios demuestra nuestra voluntad de seguir ofreciendo a los extremeños un servicio útil y cercano, que les permita disponer de asesoramiento especializado ante situaciones que generan incertidumbre y preocupación, ya sea por ocupaciones ilegales o por conflictos derivados del alquiler de viviendas".

Ramírez ha subrayado que la continuidad y ampliación de estos acuerdos responde al compromiso de la Junta de Extremadura de seguir ofreciendo respaldo y asesoramiento a las familias afectadas, reforzando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.

"Seguimos trabajando para que los extremeños dispongan de información y asesoramiento especializado cuando se enfrentan a situaciones complejas. La colaboración con los colegios de la Abogacía nos permite ofrecer una atención cercana, profesional y eficaz, contribuyendo a reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos".

Los convenios permitirán mantener los turnos especializados de abogados encargados de prestar orientación y asesoramiento profesional a los afectados tanto por ocupaciones ilegales como por conflictos relacionados con el arrendamiento de viviendas. Los profesionales facilitarán información sobre las distintas vías de actuación y los recursos disponibles. La atención podrá realizarse de forma presencial, telefónica o telemática, garantizando así una mayor accesibilidad al servicio.

"Nuestro compromiso es seguir mejorando la atención a los ciudadanos y proporcionarles herramientas que les ayuden a defender sus derechos con todas las garantías. La ampliación de este servicio es una muestra de ese compromiso y de nuestra capacidad para adaptarnos a las necesidades reales de los extremeños".

La Junta de Extremadura destinará 50.000 euros al desarrollo de ambos convenios, con una aportación de 25.000 euros para cada uno de los colegios profesionales. Los acuerdos tendrán una vigencia inicial de un año y podrán prorrogarse en los términos previstos en los convenios suscritos.

La continuidad y ampliación de estos servicios permitirá mantener la atención especializada a los afectados por la ocupación ilegal de inmuebles y por los conflictos derivados del impago de alquileres, impulsando medidas encaminadas a reforzar la protección de la propiedad, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.

Cabe indicar que, según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se conocieron 206 casos de ocupación ilegal de inmuebles en Extremadura. Esto supone un incremento del 42 por ciento respecto a 2024 (cuando hubo 145 casos).