La Junta de Extremadura aplicará la subida salarial del 2% en las retribuciones básicas y el complemento de destino de los empleados públicos en la nómina de diciembre, y el abono de la retroactividad de dichos complementos se aplaza hasta que la Comunidad extremeña alcance el equilibrio presupuestario en los términos recogidos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de las Condiciones de Trabajo, firmado por el Gobierno de la nación y los sindicatos en 2018.
Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura celebrado este lunes.
Desde el Ejecutivo extremeño, Blanco-Morales ha lamentado que no se haya alcanzado un consenso, ya que la subida retributiva propuesta alcanza al 100% de los empleados públicos, y supone el máximo esfuerzo posible en un momento en que las circunstancias económicas están marcadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 y requieren de un esfuerzo por parte de todos.
En este sentido, la titular de Administración Pública ha remarcado que la Junta de Extremadura debe atender a las circunstancias derivadas de la pandemia, a través del gasto en sanidad, educación y en ayudas a familias y empresas.
En todo caso, la vicepresidenta primera ha insistido en que esta propuesta conlleva el cumplimiento de los acuerdos en términos de sostenibilidad y ha emplazado a los representantes sindicales a continuar en la negociación y el diálogo.
En este sentido, Blanco-Morales se ha referido a otras importantes mejoras ya reconocidas por el Gobierno extremeño y que no tienen los empleados públicos de otras Comunidades Autónomas. Ese es el caso de la flexibilización de jornada a 35 horas semanales, que se aplica a todos los sectores de la Administración regional, las sucesivas convocatorias de teletrabajo, la recuperación de días de asuntos propios y vacaciones o la eliminación de la penalización en situaciones de incapacidad temporal, en las que los empleados públicos cobran el 100% de su salario.
Además, ha destacado el valor de la Función Pública y ha reconocido la labor de los funcionarios públicos.
