El Consejo de Gobierno aprueba 2,3 millones de euros para ayudar a familias afectadas por la crisis a pagar el alquiler de su vivienda

El Consejo de Gobierno ha autorizado, la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, por un importe de 2,3 millones de euros, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que esta convocatoria es consecuencia del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España para dar respuesta a las personas y hogares en alquiler más afectados por la pandemia del Covid-19.

Este Real Decreto Ley ha supuesto, según Gil Rosiña, que se hayan tenido que “readaptar” los planes de ayudas al alquiler vivienda que estaban vigentes en nuestra Comunidad Autónoma, que es el objetivo que se ha perseguido con la convocatoria autorizada hoy.

Con este programa de ayudas, ha puntualizado, se dará respuesta a las personas que residen en régimen de alquiler y se han visto afectadas por la crisis provocada por el Covid-19, tratando de minimizar el impacto económico y social que la pandemia está causando en arrendatarios de vivienda habitual.

Concretamente, se otorgarán ayudas directas durante 6 meses para el pago completo del alquiler con una cantidad máxima de 600 euros mensuales.

Entre los requisitos exigidos para optar a las ayudas, se establece que podrán beneficiarse las personas físicas que, debido a la pandemia, se hayan quedado en paro o hayan sufrido un ERTE o, en el caso de ser empresarios, hayan tenido pérdidas de ingresos del 40 por ciento.

Asimismo, que la unidad familiar no cuente con unos ingresos superiores a 1.613 euros brutos al mes, aumentando este límite si hay hijos en el domicilio o personas con discapacidad o enfermedad grave.

También se requiere que la renta del alquiler más los gastos y suministros básicos sea igual o superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar y que el solicitante no sea titular de ninguna vivienda.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS

Por otra parte, según ha informado Gil Rosiña, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes, 15 de mayo, un decreto que permitirá levantar la suspensión de plazos administrativos establecida durante el Estado de Alarma, una posibilidad que ya existe desde que se convalidó en el Congreso de los Diputados la segunda prórroga de éste.

Con esta medida, ha dicho la consejera, se pretende reactivar la economía de nuestra Comunidad Autónoma y facilitar que puedan seguir adelante proyectos que tienen que ver con infraestructuras importantes y con el sector agroindustrial.

En este sentido, Gil Rosiña ha asegurado que la Junta de Extremadura está “redoblando los esfuerzos para seguir haciendo frente a la crisis y cumplir con los que nos dicen los expertos”, pero, ha añadido, “tenemos que empezar a dar pasos que nos permitan reactivar la agenda económica, el empleo de los ciudadanos y el bienestar de los extremeños y las extremeñas”.

Asimismo, la portavoz ha informado de que tras la reunión sectorial de Igualdad entre el Ministerio y las comunidades autónomas, celebrada el pasado lunes, y tras lo acordado ayer por el Consejo de Ministros, han quedado aprobados los fondos del Estado para el Pacto contra la Violencia de Género, lo que va a suponer que lleguen a Extremadura 4,6 millones de euros para ejecutar diversos programas en colaboración con asociaciones de mujeres, oficinas de Igualdad, mancomunidades municipales y ayuntamientos de la región.

AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio con las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para el sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención, y los de funciones de auxilio a los mismos, en agrupaciones de entidades locales, así como  para  la  convocatoria anual de ayudas para el fomento de los mencionados puestos.

El importe de la ayuda concedida a cada entidad local será financiado al 50 por ciento entre la Junta de Extremadura y la diputación en cuya provincia radique la entidad local beneficiaria.

La aportación de la Administración de la Comunidad  Autónoma a este convenio será de 150.000 euros, mientras que la Diputación Provincial de Badajoz  aportará 55.000 euros y la Diputación Provincial de Cáceres 120.000 euros.

En el área de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Extremeño de Salud para la contratación del suministro de stents, balones, catéteres, guías y otros dispositivos para los servicios de Hemodinámica del SES, por un importe de 17.016.086,80 euros para un período de 24 meses.

El objetivo de la Hemodinámica y la Cardiología Intervencionista es el tratamiento de las enfermedades cardíacas de forma percutánea, es decir, de la manera menos invasiva posible.