La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha sostenido que la Junta de Extremadura mantiene su exigencia en la necesidad de contar con un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que dé respuestas a los intereses de los extremeños en el plazo de un año.
Así lo ha expresado en la Asamblea de Extremadura en una comparecencia a petición propia, en la que la vicepresidenta primera ha expuesto la situación en la que se encuentra la financiación regional, una cuestión crucial para la región y que ya ha sido debatida en numerosas ocasiones en la Cámara autonómica.
La financiación autonómica está marcada por tres cuestiones: la caducidad del actual modelo, que se produjo en 2014, la prórroga presupuestaria y la compensación de la liquidación del IVA, derivada de la modificación de la norma que lo regula.
Sobre la primera cuestión, Blanco-Morales ha explicado que la postura de Extremadura está definida en el informe remitido por el Comité de Expertos para el Estudio de la Financiación Autonómica en 2016.
Una postura que, según ha recordado la titular de Hacienda y Administración Pública, pasa porque el nuevo sistema de financiación asegure al papel del Estado como garante de los principios de igualdad, equidad y suficiencia; aporte recursos adicionales que corrijan las diferencias entre comunidades y les permitan ejercer cabalmente sus competencias; valore adecuadamente lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada una de ellas y provea los recursos necesarios.
Un modelo, ha proseguido, que postule “la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad y que tenga en cuenta factores como la despoblación, la dispersión, el empleo o la falta de infraestructuras”, ha afirmado la vicepresidenta primera de la Junta.
En este sentido, Pilar Blanco-Morales ha insistido que el Ejecutivo defiende la necesidad de un nuevo sistema que incluya estos postulados o, al menos, de una reforma urgente del mismo que palie las disfunciones más graves que afrontan actualmente las comunidades.
PRÓRROGA PRESUPUESTARIA
Unas disfunciones que, según ha asegurado la consejera de Hacienda, están marcadas por la actualidad nacional y que desaparecerán cuando haya un Gobierno central que quiera y pueda disipar la inquietud de las comunidades autónomas.
Esta situación supone la pérdida de más de 200 millones de euros para las arcas extremeñas: 134 millones de euros por la prórroga presupuestaria y la no actualización de las entregas a cuenta y 86,5 millones de euros por la modificación normativa de la liquidación del IVA.
Este escenario, ha continuado la vicepresidenta primera, se hubiese evitado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contenían las previsiones necesarias para resolver esas anomalías y evitar los desfases que amenazan las cuentas regionales.
Además, las cuentas estatales, ha matizado, también garantizaban la financiación de la dependencia, del sistema de becas y de las ayudas al empleo o de la educación de 0 a 3 años, entre otras cuestiones.
Blanco-Morales ha expresado que Extremadura no puede permitirse la incongruencia de quienes primero rechazan unos Presupuestos estatales buenos para Extremadura; posteriormente, se niegan a que haya un nuevo Gobierno que pueda aprobarlos y, al final, exigen al Ejecutivo regional que actúe como si esa decisión no tuviera repercusiones para la región.
En este contexto, ha concluido, el Gobierno regional ofrece la coherencia y la firmeza en la defensa de los intereses de Extremadura, sin reparar en las siglas de su interlocutor en el Estado.
